A propósito del abuso sexual y embarazo de una niña
discapacitada de 12 años perteneciente a la población indígena Wichi de la
Provincia de Salta (Argentina).
El encargado del INADI (http://www.inadi.gob.ar/), Álvaro
Ulloa, compartió la triste situación que viven hoy los padres de la nena wichí
embarazada por un abuso, y quienes se encuentran en el Hospital Materno
Infantil acompañando a su hija.
El encargado del INADI, Álvaro Ulloa, compartió por redes
sociales la historia de la familia wichí que se encuentra en capital con su
hija internada embarazada producto de un abuso:
“¿Donde estuvo el Estado?
Ayer pude visitar a Anahi, en el materno,
Tiene 12 años, no habla
castellano, nunca fue al colegio,
Es la quinta hija de
nueve que nacieron vivos, tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto
de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con
Bolivia y Paraguay.
Anahi tiene una
discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para
la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.
Su padre, Nicasio , hace
changas, en Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y
cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.
En Noviembre del año pasado seis o siete hombres la
atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.
El padre hizo la
denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia, ese médico que trabaja en
Alto la Sierra es Boliviano, estudio en Cuba y no puede firmar como médico en
Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el
Estado Salteño contrata en esos parajes.
No pudo firmar y a cuenta
de él firmó el bioquímico, la defensa de los atacantes se agarro de ese detalle
y no perdonó la falta de habilitación para la pericia, al tiempo salieron
libres.
Cuatro días más tarde,
cuando el camino permitió llevar a Anahí a Morillo un médico la examinó y
escribió que no podía constatar violencia.
Rivadavia tiene casi
26.000 km cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y Wichis,
unas 8.000 viviendas censadas, no tiene cloacas ni agua potable, es el lugar
donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda del
paraje la Medialuna murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en
su certificado médico de deficiencia pulmonar.
En Rivadavia, cerca de la
Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que
protegía a una chica Wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.
El estado no estuvo para
proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a Anahi Sánchez ni a docenas de chicos
Wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico
bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos
días en cama.
Andrés Serapio, enfermero
de Alto la Sierra cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que
en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable
para trasladar un enfermo.
Cuenta de los visitadores
médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las
motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y
cuenta que a veces llegan tarde.
Cuenta que a veces no hay
médico y tienen que rebuscarse con lo que saben.
Nadie se acercó a Anahi
ni a Nicasio Sánchez, ni a Francisca Ibarra a explicarle que tenía derecho a la
pastilla del día después, nadie le explicó que podía acceder a un aborto no
punible por ser menor, discapacitada y violada.
Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención
médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.
El ministerio de DDHH le echó la culpa a salud pública,
salud pública no respondió y Asuntos Indígenas, convertido en ministerio hace
varios meses mira para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que
consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.
Anahi va a perder a su hijo, se lo dijeron a Francisca su
madre, las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una
malformación craneana complicada.
Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y
nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.
Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.
Hable con Francisca, la visite en el materno, separada de
sus hijos, cansada de pobreza, le pregunté si necesitaba algo y me pidió un
encendedor, bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para Anahi,
tiene doce, entienden, apenas doce años, cigarrillos no vendían, le expliqué
que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían
fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.
Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada,
dolida, harta de dolor.
Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto
porque no sabía volver.
Los dejaron sola toda su vida.”
La Sociedad Civil responde
al Ministro de Salud
Siempre
fue un aborto no punible
El Ministro de Salud de la Provincia de
Salta, Dr. Villa Nougués, se refirió esta mañana a la situación de la
niña wichí de 12 años, quien quedó embarazada producto de una violación por al
menos 7 hombres criollos en la localidad de Alto La Sierra.
El Ministro afirmó en un programa de
televisión que " el embarazo se interrumpirá, el bebé no tiene
posibilidades de sobrevivir debido a las múltiples malformaciones craneanas,
entre ellas la anencefalia que es la ausencia de una gran parte del cerebro y
del cráneo “y agrega que "es una prescripción médica, no un
aborto no punible".
Esta niña de 12 años fue obligada a
mantener un embarazo por seis meses cuando “la historia de un embarazo no
viable le pudo haber costado la vida a ella, si hacía una eclampsia o un
síndrome HELLP, por falta de controles oportunos”, dice la Dra. Stella Maris
Manzano.
La Provincia de Salta continua, a pesar
de la exigencia de todo el movimiento de mujeres, obstaculizando el derecho a
la interrupción legal del embarazo en los casos en que es permitido por nuestra
legislación de fondo: cuando el embarazo proviene de una violación, cuando el feto
tienen una afectación incompatible con la vida y cuando el embarazo
representa un peligro para la salud de la mujer.
La realización de interrupciones legales
del embarazo deben guiarse fundamentalmente por el principio de
autonomía dando información veraz, adecuada y completa para que la
mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella y el principio de
transparencia activa, entre otros, por los que los profesionales de la
salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la
información disponible, incluso si no hay una solicitud expresa.
El Ministro de Salud de la provincia de
Salta con sus declaraciones públicas pone en evidencia desconocer en principio
el Protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción
legal del embarazo del Ministerio de Salud, la normativa internacional de
derechos humanos (Art 75 inc 22 de la Constitución Nacional), la Ley del
Paciente ( ley 26529), el Régimen legal del Ejercicio de la Medicina ( ley 17132)
y la Ley de Protección Integral de las Mujeres ( ley 26485).
Un Ministro así no puede guiar las
políticas públicas de salud, en especial de las mujeres, en la provincia de
Salta.
#NiUnaMenos
Vivas nos
Queremos
Firma: FORO
DE MUJERES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Campaña
Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito-Salta
Comentario,
Este caso no es el único, no es el primero, es
uno más.
En Argentina acontecen hechos como el
descripto pero pocos son los que llegan a la opinión pública.
La población pobre no tiene voz. Y de llegar a tenerla, hay sectores del
Estado que padecen sordera social y prefieren el silencio y la defensa de sus
intereses dogmáticos más que pensar en la salud de la gente.
A modo de ejemplo, hace un par de años, la Alianza Argentina por la Salud de la Madre,
el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN) emitió un comunicado sobre la cadena de
vulneración de derechos a propósito de la violación y embarazo de una niña de
11 años en la provincia de Entre Ríos (http://www.asumen.org.ar/pdf/ASUMEN_Embarazo_temprano_enero_2012.pdf)
Nuevamente estamos ante un hecho lesivo para
la dignidad humana y violatorio de los derechos de las personas, en nuestro
caso, una niña indígena de 12 años.
Ante estos atropellos del Estado, considero
que es importante denunciar estos hechos, dar a conocimiento de la población
sobre la calidad de sus gobernantes que padecen el mal de la insensibilidad y
la ignorancia, desconociendo el rol para el cual han sido designados al momento
de asumir un cargo que debe velar por la salud pública (salud de toda la
población, sin exclusiones ni discriminaciones).
Raúl
Mercer
Programa
de Ciencias Sociales y Salud (FLACSO)
CISAP
(Centro de Investigación en Salud Poblacional) Hospital Durand, Buenos Aires,
Argentina
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