viernes, 3 de junio de 2016

Noticia: Abuso sexual y embarazo de una adolescente indigena de 12 años con discapacidad en la provincia de Salta (Argentina)




A propósito del abuso sexual y embarazo de una niña discapacitada de 12 años perteneciente a la población indígena Wichi de la Provincia de Salta (Argentina).




El encargado del INADI (http://www.inadi.gob.ar/), Álvaro Ulloa, compartió la triste situación que viven hoy los padres de la nena wichí embarazada por un abuso, y quienes se encuentran en el Hospital Materno Infantil acompañando a su hija.

El encargado del INADI, Álvaro Ulloa, compartió por redes sociales la historia de la familia wichí que se encuentra en capital con su hija internada embarazada producto de un abuso:


“¿Donde estuvo el Estado?


 Ayer pude visitar a Anahi, en el materno,

Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio,

Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos, tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.

Anahi tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.


Su padre, Nicasio , hace changas, en Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.

En Noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.


El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia, ese médico que trabaja en Alto la Sierra es Boliviano, estudio en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado Salteño contrata en esos parajes.

No pudo firmar y a cuenta de él firmó el bioquímico, la defensa de los atacantes se agarro de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia, al tiempo salieron libres.

Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a Anahí a Morillo un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.


Rivadavia tiene casi 26.000 km cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y Wichis, unas 8.000 viviendas censadas, no tiene cloacas ni agua potable, es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda del paraje la Medialuna murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.

En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica Wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.


El estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a Anahi Sánchez ni a docenas de chicos Wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.

Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.


Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde.

Cuenta que a veces no hay médico y tienen que rebuscarse con lo que saben.

Nadie se acercó a Anahi ni a Nicasio Sánchez, ni a Francisca Ibarra a explicarle que tenía derecho a la pastilla del día después, nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.


Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.

El ministerio de DDHH le echó la culpa a salud pública, salud pública no respondió y Asuntos Indígenas, convertido en ministerio hace varios meses mira para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.


Anahi va a perder a su hijo, se lo dijeron a Francisca su madre, las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.

Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.

Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.


Hable con Francisca, la visite en el materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza, le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor, bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para Anahi, tiene doce, entienden, apenas doce años, cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.

Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada, dolida, harta de dolor.

Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto porque no sabía volver.

Los dejaron sola toda su vida.”


La Sociedad Civil responde al Ministro de Salud

Siempre fue un aborto no punible



El Ministro de Salud de la Provincia de Salta, Dr. Villa Nougués,  se refirió esta mañana a la situación de la niña wichí de 12 años, quien quedó embarazada producto de una violación por al menos 7 hombres criollos en la localidad de Alto La Sierra.

 El Ministro afirmó en un programa de televisión que " el embarazo se interrumpirá, el bebé no tiene posibilidades de sobrevivir debido a las múltiples malformaciones craneanas, entre ellas la anencefalia que es la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo “y agrega que "es una prescripción médica, no un aborto no punible".

Esta niña de 12 años fue obligada a mantener un embarazo por seis meses cuando “la historia de un embarazo no viable  le pudo haber costado la vida a ella, si hacía una eclampsia o un síndrome HELLP, por falta de controles oportunos”, dice la Dra. Stella Maris Manzano.

La Provincia de Salta continua, a pesar de la exigencia de todo el movimiento de mujeres, obstaculizando el derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos en que es permitido por nuestra legislación de fondo: cuando el embarazo proviene de una violación, cuando el feto tienen una afectación incompatible con la vida y cuando el embarazo  representa un peligro para la salud de la mujer.

La realización de interrupciones legales del embarazo deben guiarse fundamentalmente por el principio de autonomía dando información veraz, adecuada y completa para que la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella y el principio de transparencia activa, entre otros, por los que los profesionales de la salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la información disponible, incluso si no hay una solicitud expresa.

El Ministro de Salud de la provincia de Salta con sus declaraciones públicas pone en evidencia desconocer en principio el Protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud, la normativa internacional de derechos humanos (Art 75 inc 22 de la Constitución Nacional), la Ley del Paciente ( ley 26529), el Régimen legal del Ejercicio de la Medicina ( ley 17132) y la Ley de Protección Integral de las Mujeres ( ley 26485).

Un Ministro así no puede guiar las políticas públicas de salud, en especial de las mujeres, en la provincia de Salta.

#NiUnaMenos

Vivas nos Queremos

Firma: FORO DE MUJERES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito-Salta



Comentario,

Este caso no es el único, no es el primero, es uno más.

En Argentina acontecen hechos como el descripto pero pocos son los que llegan a la opinión pública.

La población pobre no tiene voz.  Y de llegar a tenerla, hay sectores del Estado que padecen sordera social y prefieren el silencio y la defensa de sus intereses dogmáticos más que pensar en la salud de la gente.

A modo de ejemplo, hace un par de años,  la Alianza Argentina por la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASUMEN) emitió un comunicado sobre la cadena de vulneración de derechos a propósito de la violación y embarazo de una niña de 11 años en la provincia de Entre Ríos (http://www.asumen.org.ar/pdf/ASUMEN_Embarazo_temprano_enero_2012.pdf)

Nuevamente estamos ante un hecho lesivo para la dignidad humana y violatorio de los derechos de las personas, en nuestro caso, una niña indígena de 12 años.

Ante estos atropellos del Estado, considero que es importante denunciar estos hechos, dar a conocimiento de la población sobre la calidad de sus gobernantes que padecen el mal de la insensibilidad y la ignorancia, desconociendo el rol para el cual han sido designados al momento de asumir un cargo que debe velar por la salud pública (salud de toda la población, sin exclusiones ni discriminaciones).



Raúl Mercer

Programa de Ciencias Sociales y Salud (FLACSO)

CISAP (Centro de Investigación en Salud Poblacional) Hospital Durand, Buenos Aires, Argentina

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